El sector asegurador en Colombia está respaldado por un marco legal sólido que garantiza la transparencia, la estabilidad financiera y la protección de los asegurados. Aunque a primera vista pueda parecer complejo, este conjunto de normas ofrece la base para que aseguradoras, intermediarios y clientes desarrollen relaciones seguras y confiables. Si alguna vez te has preguntado cuál es el marco legal del aseguramiento en Colombia, la respuesta está en diversas leyes, decretos y regulaciones que, en conjunto, construyen el sistema que hoy conocemos. En este artículo exploramos, de manera clara y detallada, las principales normas que dan forma al marco legal del Sector Asegurador en nuestro país.

Código de Comercio de Colombia

El Código de Comercio es uno de los pilares fundamentales de la legislación en materia de seguros. Dentro de este cuerpo normativo, el Libro Cuarto, Título V – Del contrato de seguro, establece las bases legales para el contrato de seguro en todas sus modalidades. Aquí se regula la ley del contrato de seguro, abordando temas como los derechos y deberes del tomador, del asegurado y de la aseguradora; las obligaciones de declarar el estado del riesgo; los efectos de la prima; y las condiciones en las que se hacen efectivas las indemnizaciones.

Más allá de este título específico, el Código de Comercio regula aspectos generales de las operaciones comerciales de las aseguradoras, definiendo principios que permiten un marco de actuación claro y previsible. En otras palabras, esta norma es la respuesta inicial a la pregunta: ¿cuál es la normatividad que rige al Sector Asegurador en Colombia?

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF)

El EOSF es quizá la norma más integral del sector asegurador en Colombia. Este estatuto regula la constitución, funcionamiento y supervisión de entidades aseguradoras, reaseguradoras e intermediarios de seguros. También define el papel del Estado como supervisor, a través de la Superintendencia Financiera, garantizando que las compañías cumplan estándares de solvencia, liquidez y transparencia.

En materia práctica, el EOSF organiza cómo las aseguradoras pueden ofrecer sus productos, cómo deben manejar sus reservas técnicas y qué límites existen en sus inversiones. Esto asegura que todos los clientes, personas naturales o jurídicas, que adquieren pólizas cuenten con respaldo financiero sólido por parte de sus aseguradoras.

Ley 45 de 1990

La Ley 45 de 1990 fue clave para modernizar el sistema financiero y asegurador. Esta norma introdujo reglas para fomentar la competencia entre aseguradoras, fortalecer los mecanismos de vigilancia estatal y garantizar un mercado más dinámico.

En el ámbito asegurador, marcó un punto de inflexión al permitir que la supervisión fuera más estricta frente a la solidez patrimonial de las aseguradoras, creando seguridad tanto para personas como para empresas.

Ley 389 de 1997

Esta ley introdujo ajustes modernizadores al Código de Comercio en materia de seguros. La Ley 389 de 1997 es importante porque reguló de manera más específica y clara aspectos operativos clave como:

• La renovación tácita de las pólizas.
• Las figuras del coaseguro y el reaseguro, permitiendo una mejor distribución del riesgo entre varias entidades.
• Aspectos procedimentales relacionados con la emisión de pólizas y el pago de indemnizaciones.

Con esta ley se buscó dar mayor claridad a las relaciones contractuales entre aseguradoras y asegurados, especialmente en negocios de gran envergadura donde participan varias compañías en la cobertura de un mismo riesgo.

Ley 510 de 1999

La Ley 510 de 1999 complementó al EOSF, fortaleciendo la supervisión financiera y ajustando disposiciones sobre el funcionamiento de las aseguradoras. Entre sus aportes más destacados está el énfasis en la prudencia financiera, con mayores exigencias de información, control de riesgos y transparencia en la administración de las compañías.

Decreto 2555 de 2010

Si hay una norma que todo actor del sector debe conocer, es el Decreto 2555 de 2010. Este decreto único compila, actualiza y consolida casi toda la normatividad dispersa del sector financiero y asegurador. Es la «biblia» reglamentaria que detalla:

• Las condiciones y requisitos de las pólizas.
• El cálculo y constitución de las reservas técnicas (el dinero que apartamos específicamente para honrar las futuras indemnizaciones).
• El régimen de inversiones que deben seguir para administrar esos recursos con seguridad y rentabilidad.
• Los procedimientos para la atención de siniestros. 

Además, incluye normas que impactan directamente los productos que las aseguradoras ofrecen al mercado empresarial, asegurando que existan garantías claras en el respaldo de los contratos.

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Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)

La SFC emite circulares que son de obligatorio cumplimiento para todas las entidades bajo su vigilancia. Son instrucciones específicas que profundizan en aspectos críticos de las aseguradoras. Las más relevantes abordan:

• Gestión de Riesgos: Cómo identificar, medir y mitigar los riesgos operativos, crediticios y del mercado.
• Gobierno Corporativo: Reglas para una administración transparente, con comités especializados y estructuras que prevengan conflictos de interés.
• Transparencia y Conducta Comercial: Normas para tratar con integridad y claridad a los clientes, proporcionando información veraz y oportuna.

Estas circulares son especialmente relevantes porque se actualizan con mayor frecuencia que las leyes, permitiendo que el sistema asegurador se adapte a los cambios económicos, tecnológicos y regulatorios del entorno.

Ley 1328 de 2009 (Régimen de Protección al Consumidor Financiero)

Esta ley es un pilar en la defensa de los derechos de los consumidores. La Ley 1328 de 2009 establece el Régimen de Protección al Consumidor Financiero, aplicable también a los clientes de seguros. Determina derechos y deberes, imponiendo a las entidades el cumplimiento de diversas obligaciones, entre ellas:

• Brindar información clara, veraz y suficiente sobre los productos.
• Contar con mecanismos efectivos de atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR).
• Procedimientos de cobranza ajustados a la ley.

Aunque suele pensarse en consumidores individuales, esta ley también protege a las empresas que contratan pólizas con aseguradoras, garantizando trato justo, información clara y canales efectivos de reclamación.

Normas de Contratación Estatal (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015)

Cuando se trata de contratos con el Estado, el marco legal es aún más estricto. Las pólizas de Cumplimiento son requisito en procesos de contratación pública, y su regulación se encuentra en estas normas.

Las leyes 80 y 1150, junto con el Decreto 1082, establecen cómo deben garantizarse los riesgos asociados a la ejecución de contratos estatales, asegurando que tanto el contratista como la entidad pública estén protegidos.

Normatividad sobre lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT)

El SARLAFT, basado en el Decreto 663 de 1993 y sus actualizaciones, obliga a las aseguradoras a implementar sistemas de prevención contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Esta regulación es clave, ya que asegura que las empresas que contratan pólizas estén sujetas a procesos de debida diligencia y monitoreo, reduciendo riesgos legales y reputacionales.

Ley 795 de 2003

La Ley 795 de 2003 introdujo ajustes importantes al EOSF y al sistema asegurador en general. Entre sus principales aportes está la actualización de las reglas de solvencia para las aseguradoras, el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y la integración de disposiciones que buscan armonizar la actividad aseguradora con estándares internacionales.

Gracias a esta norma, el mercado asegurador colombiano pudo modernizarse y avanzar hacia un modelo más competitivo y confiable.

El marco legal del Sector Asegurador en Colombia está conformado por un entramado de leyes y regulaciones que permiten que el sistema sea sólido, transparente y confiable. Desde el Código de Comercio Colombia hasta el EOSF, pasando por normas como la Ley 389 de 1997 o el Decreto 2555 de 2010, cada pieza cumple un papel esencial en la respuesta a la pregunta: ¿cuál es el marco legal del aseguramiento en Colombia?

En Nacional de Seguros entendemos la importancia de este marco normativo y lo asumimos como parte esencial de nuestro compromiso con los clientes. Nuestro propósito es ofrecer soluciones aseguradoras que no solo cumplan con la ley, sino que también superen las expectativas de quienes confían en nosotros para proteger sus proyectos, inversiones y operaciones.